El sábado 28 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la esperada Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La ley surge en un contexto de crisis económica y tiene como objeto la internalización de la economía española y el desarrollo de la actividad empresarial en España. Se pretende atraer inversión y talento, y para ello se articulan una serie de mecanismos entre los que destacan los destinados a facilitar la entrada y permanencia en España de extranjeros por razones de interés económico.

Surge así la figura del “inversor” como destinatario final de esa movilidad internacional. Son “inversores” a efectos de esta ley:

–       Quienes realicen una inversión inicial de 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o de 1 millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

–       Quienes adquieran bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.

–       Quienes inviertan en un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general.

Estos distintos inversores verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español. El procedimiento es sencillo y rápido:

–       necesidad de proveerse de un visado de estancia o de residencia para inversores a fin de efectuar la entrada en España.

–       efectuada la inversión, el interesado podrá solicitar el visado de residencia para inversores que tendrá un año de vigencia.

–       con dicho visado se podrá solicitar una autorización de residencia para inversores que tendrá vigencia por dos años y validez en todo el territorio nacional.

Veamos ahora algunas cuestiones prácticas que reflejan el interés de la norma por facilitar la llegada de estas personas:

–       El visado de residencia para inversores autoriza para residir en España durante un año con la única condición de por lo menos haber efectuado una entrada en el territorio nacional. Posteriormente, como apuntábamos, si lo desea puede solicitarse la autorización de residencia con validez por dos años.

–       Pueden acogerse a la norma también aquellos extranjeros que ya residan en nuestro país y cumplan con los requisitos exigidos por la misma.

–       También, ya sea de forma conjunta o sucesiva, pueden solicitar el visado y, en su caso, la autorización junto con la persona inversora, su cónyuge y los hijos menores de 18 años, o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud.

–       Se puede acoger a los beneficios de la ley el ciudadano extranjero, aunque la inversión la lleve a cabo una persona jurídica cuando dicho extranjero posea, directa o indirectamente, la mayoría de sus derechos de voto y tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración.

–       La autorización de residencia, a la finalización del plazo de los dos años, podrá renovarse y se otorgará otra nuevamente de dos años.

–       Por último, y esta es una de las principales ventajas de la norma, la autorización de residencia para inversores se renovará aunque las ausencias del territorio español sean superiores los seis meses por año.

Surge así una suerte de simbiosis entre la economía española y aquellos ciudadanos extranjeros que desean ampliar su actividad o gozar de movilidad internacional sin verse coartados por trabas burocráticas.

 

En Barcelona a 30 de septiembre de 2013.

Antonio Segura

Abogado